Ya
existen españoles con penas de seis meses de cárcel sólo por decir a
sus mujeres “vete a la mierda”. Así lo revela la magistrada María
Sanahuja, ex decana de los jueces de Barcelona. Sanahuja emplaza a los
escépticos a que acudan a los juzgados de lo penal a comprobar ese dato y
denuncia que en España se vulnera la presunción de inocencia de los
varones.
Como viene siendo habitual cada vez que Sanahuja ofrece datos
demoledores que ponen en entredicho las bondades de la ideología de
género, las feministas han vuelto a arremeter contra ella y contrala
generalidad de jueces que han recurrido algunos de los artículos de la
polémica Ley de Igualdad y de Violencia de Género, impulsada por una
ministra, Leire Pajín, con el mismo curriculum académico que Paquirrín.
Es decir, ninguno.
Pajín ha respondido a la ex decana de los jueces barceloneses
afirmando que las mujeres parten de una situación de desigualdad y que,
por ese motivo, “no es igual el maltrato a un hombre que a una mujer”.
Debe ser que la ministra encuadra a los varones españoles en una especie
aún sin catalogar o simplemente que no se haya leido el artículo 14 de
la Constitución Española, capítulo segundo – derechos y libertades, que
señala: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra concidición o circustancia personal o social”.
Este principio constitucional colisiona sin embargo con los
articulados de la Ley de Violencia de Género. Estos son algunos de los
casos:
Art: 153.1:”El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro
menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este
Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión
cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya
estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin
convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el
autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de
trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ocheta días
y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de
un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo
estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el
ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento
hasta cinco años”.
Art: 57.2: “Cuando un Juez que esté conociendo de un procedimiento
civil tuviese la noticia de la posible comisión de un acto de volencia
de género, que no haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal,
ni a dictar una orden de protección, tras verificar que concurren los
requisitos del párrafo tercero del artículo 87 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, deberá inmediatamente citar a las partes a una
comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará en las
siguientes 24 horas a fin de que éste tome conocimiento de cuantos datos
sean relevantes sobre los hechos acaecidos. Tras ella, el Fiscal, de
manera inmediata, habrá de decidir si procede, en las 24 horas
siguientes, a denunciar los actos de violencia de género o a solicitar
orden de protección ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que
resulte competente”.
Art: 171.4: “El que DE MODO LEVE amenace a quien sea o haya sido su
esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga
relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena
de prisión de seis meses a un año o de trabajo en beneficio de la
comunidad de treinta y uno a ochenta días y privación del derecho a la
tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como,
cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o
incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria
potestad, tutela, curantela, guarda o acogimiento hasta cinco años”.
Art: 172.2: “El que DE MODO LEVE coaccione a quien sea o haya sido su
esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga
relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena
de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la
comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del
derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres año,
así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del
menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años”.
Por consiguiente, se deduce que tanto el Gobierno socialista como las
feministas creen que la violencia doméstica sólo existe si es el hombre
quien presuntamente agrede a su pareja, nunca al revés. En su forma de
ver las cosas, los hombres nunca son los maltratados, aunque las
estadísticas sostengan lo contrario.
Algunos jueces sensatos ya han advertido de que, con la citada ley,
cualquier hombre podría ser condenado si al calor de una discusión se le
escapa alguna expresión no apta para oidos tan castos como el de la
ministra Pajín. Ellas en cambio sí tienen ‘barra libre’ para verter los
insultos que quieran. En este sistema tan democrático, unas son más
iguales que otros.
Envalentonadas por esta clara arbitrariedad legal, algunas feministas
ya han declarado en medios como la cadena Ser que “habría que empezar a
hablar de violencia psicológica a las claras e imponer penas”. Claro
que matizando a continuación que “sólo cuando la sufran las mujeres”.
Recuerde, lector, aquello de: “Vinieron por mi vecino y no me preocupé….
Hoy, sin embargo, vienen por mi”.
