Bazzini en el centro detrás de sus padres.
El caso de Adrián Bazzini, un hombre residente en Tenerife condenado a 27 meses de cárcel en un juicio que él denuncia estuvo plagado de incongruencias e irregularidades, sirve para reflexionar sobre un asunto políticamente incorrecto pero que está ahí: la proliferación de denuncias falsas en el ámbito de la violencia machista.
-
DANIEL MILLET
SANTA CRUZ DE TENERIFE
-
Si llego a ver una sola prueba en contra de mi hijo no habría estado aquí apoyándole". La frase es de Juan Carlos Bazzini, un profesor jubilado que junto a su esposa se ha venido desde Buenos Aires a Tenerife para apoyar a su hijo Adrián, pendiente de entrar en la cárcel para cumplir una condena de 27 meses por "maltrato habitual en el ámbito familiar" a su ex novia, Teneza S., más un "delito de menoscabo psíquico" y otro de "amenazas".
Este caso ha saltado a los medios nacionales –Adrián ha sido llamado por Tele 5, además de por la Televisión Canaria, para una inminente entrevista– después de que fuese tratado por La Opinión de Tenerife y la web de periodismo ciudadano Loquepasaentenerife, y de que el propio afectado y sus padres fueran entrevistados por Radio Club Tenerife de la cadena SER.
Y ha trascendido porque presenta todos los ingredientes de una posible denuncia falsa y de las perversiones que se pueden estar produciendo en la aplicación de la Ley contra la Violencia de Género: la juez consideró probados los hechos pese a basarse solamente en la testificación de la supuesta víctima, su hermana y la madre de ambas; no se aportaron partes médicos, no hubo ni un sólo testigo que ratificara el supuesto acoso que Teneza S. denunció, la misma ex novia no fue la que firmó la denuncia –sino su hermana–, las declaraciones de la parte acusadora están plagadas de contradicciones, la juez no admitió ni uno solo de los testimonios e informes que presentó en su defensa el acusado...
Hasta ahora, hablar de denuncias falsas o de carencia de garantías procesales ha resultado políticamente incorrecto ante la incontestable dimensión y gravedad de la violencia machista en España. Quienes lo han hecho han sido acusados de frivolizar con la humillación de la mujer o sencillamente sancionados y vilipendiados.
Es el caso de la ex titular del Juzgado de Violencia de Género número 1 de Santander, María Jesús García Pérez, a la que el Consejo General del Poder Judicial acaba de sancionar con una multa de 3.000 euros por decir que está en contra de la Ley de Violencia de Género.
O ahí está el ejemplo más conocido, la juez María Sanahuja, que defiende que el marco normativo es "un fracaso" y que miles de hombres son detenidos "por denuncias falsas por razones sexistas".
No son las únicas. Como recoge en un reciente reportaje la publicación Alba, el psiquiatra Juan Carlos Jiménez explicó en octubre de 2008, durante un congreso nacional sobre maltrato, psiquiatría y leyes, que "casi el 40 por ciento de los hombres juzgados por violencia machista salen libres, debido a que la justicia se equivoca, a la existencia de denuncias que no se pueden probar o porque las mujeres utilizan la ley de forma abusiva para obtener beneficios". Y la situación se complica cuando hay hijos o propiedades de por medio.
La propia Sanahuja tacha la Ley de inconstitucional porque vulnera el artículo 14 sobre igualdad por razones de sexo. Esto choca con un marco que sólo contempla la violencia del hombre contra la mujer, negando la posibilidad de que el hombre pueda también ser en determinados casos víctima de maltrato, amenazas o denuncias falsas.
La Asociación por la Custodia Compartida de Tenerife se ha solidarizado con el caso de Adrián, que de hecho ayer estuvo con sus padres en una concentración de este colectivo en la avenida Tres de Mayo. "La Ley ha hecho que se criminalice a todos los hombres y se idealice el papel de todas las mujeres, y en la vida la realidad no siempre es así", dijo Irene González, integrante de esta Asociación y que dice conocer perfectamente este complejo mundo por una experiencia que le toca de lleno. "Nadie quiere hablar de las denuncias falsas y del uso de la justicia por despecho o para beneficio propio. Pero yo le puedo asegurar que existen casos", añade.
Sanahuja se refiere en un artículo en El País al comportamiento "poco acertado" de jueces, fiscales, policías, abogados, periodistas y mujeres que "utilizan el Código Penal para obtener mejores condiciones en los procesos civiles de rupturas de pareja". "La presión mediática ha llevado a muchos profesionales a una reacción defensiva y de autoprotección ante el miedo a posibles consecuencias personales", cree. "Hemos consentido la detención de miles de hombres que luego, en su mayoría, han resultado absueltos, y probablemente habremos condenado a más de un inocente en aplicación de unas leyes que, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denomina ‘agresor’ al denunciado, antes de iniciar cualquier investigación tendente a averiguar la certeza de los hechos.
Y, mientras, la mayoría de las mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeciéndola en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines", concluyó.
"Fui condenado antes de que se celebrara el juicio y la juez no quiso saber nada de mis explicaciones". Eso señalaba ayer en la capital tinerfeña Adrián Bazzini, de 41 años, sin antecedentes penales y en tratamiento psicológico tras la denuncia de su ex pareja que lo va a llevar a la cárcel cuando le llegue la comunicación. "Es la indefensión absoluta", añade. Cree que su ex novia, con la que él rompió, actuó abducida por su hermana Amanda, curiosamente perfecta conocedora de la sintomatología del maltrato.
Ya ha presentado el recurso de amparo ante el Constitucional y adelanta que "acudirá a donde haga falta para defender mi inocencia: al Congreso, al Defensor del Pueblo, a los tribunales europeos... A donde sea" .
