Por desgracia

TOLERANCIA CERO CON LA VIOLENCIA, TODAS LAS VIOLENCIAS DE GENERO. Desde que entró en vigor la LIVG (Ley Integral Violencia de Género), muchas mujeres han sido salvadas de sus maltratadores, a muchas mujeres se les ha ayudado y protegido. Pero en ciertas ocasiones esta Ley también ha sido usada de modo injusto, a modo de arma contra hombres inocentes. Es comprensible que los gobiernos niegen la existencia de las denuncias falsas, pero el clamor de cientos de hombres que han sufrido el abuso y la tortura provocados por este mal uso, no es ninguna insignificancia que se pueda pasar por alto. Desde enero de 2007 este blog intenta servir como fuente de información que en muchas ocasiones no es fácil recopilar. El aporte de cientos de colaboradores que encuentran las noticias o que cuentan su propio caso, hacen posible este trabajo. La historia sigue y CONTINUAN apareciendo DENUNCIAS FALSAS, la parte positiva es que las mentirosas comienzan a ser castigadas con cierto rigor.

martes, 10 de junio de 2008

La abogada Dolores Martín Pozo en la carcel por contratar el asesinato de su exmarido.

Vamos a acabar contigo. Antes que te den la niña, te mato ...

No es posible que detrás de la dulce sonrisa de la abogada María Dolores se escondiese alguien capaz de machacar a sumarido hasta la muerte y de dejar «herida» a la presidenta del Constitucional utilizando a su padre fontanero.

Ésta es la historia de toda una dama negra.

ANA MARÍA ORTIZ

El portero del número 57 de la calle Viriato, Madrid centro, se ha quedado mudo, perplejo: «¿Pero está segura de que hablamos de la misma Dolores?». No le parece posible que la educada
abogada que tenía despacho en el 1º B, la que siempre lo recibía con una amable sonrisa cuando le entregaba en mano el correo, sea la misma mujer que está en prisión acusada de contratar a un sicario para asesinar a su ex marido. «¿Dolores Martín Pozo?», insiste el incrédulo portero. La misma.



La estupefacción se repite cada vez que se toca el entorno ocasional de Dolores: «No lo puedo creer, si era una chica encantadora. Además, muy legal con los compañeros y muy trabajadora», dice una abogada que ha llevado algún caso con ella. «¿Dolores Martín Pozo?», pregunta por enésima vez, reacia a asimilar que la menuda Lola, letrada de poco relumbrón, es la protagonista de la conversación telefónica que ha puesto en un serio brete a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. La misma.

Sin ser juzgada aún, María Dolores Martín Pozo —Madrid, 1971— se ha ganado ya un puesto en los primeros peldaños del escalafón de damas negras de la historia del crimen español. Guardaespaldas con maneras de matones, sicarios, Ana Obregón, Jaime Cantizano, la presidenta del Constitucional, la del Observatorio de la Violencia de género... Son algunos de los nombres que pivotan en torno a un truculento suceso que raya la ficción y del que ella es el epicentro. La primera figura. Un papel muy de su gusto, según quienes la han tratado más de cerca.

«Mi marido, ¡qué pobrecito! ¡Si era un violador! ¡Anda que se pudra bajo tierra y se lo coman las víboras!», le grabó la Guardia Civil, cuando hablaba por teléfono, antes de ser detenida como presunta instigadora del asesinato de su marido.

Dolores Martín, tras el juicio de divorcio, ya amenazó a su marido: «Vamos a acabar contigo. Antes que te den la niña, te mato»

Las biografías que seguro relatarán su retorcida y punzante personalidad podrían arrancar en julio de 1998, cuando la abogada se casó, por la iglesia, con Miguel Ángel Salgado, un joven informático al que había conocido en el barrio (Vallecas) por mediación de unos amigos comunes. Antes de que un asesino a sueldo le administrara tres balas, de parte (presuntamente) de su señora, Miguel Ángel contó el vía crucis que le supuso aquel «sí quiero». Lo que parecía simplemente una mujer de carácter fuerte se transformó enseguida en una suerte de dominatrix
pero sin látigo. No concretó los maltratos psicológicos a los que Dolores lo sometía pero sí contó que alguna vez llegó a esconderse de ella preso del miedo.
En febrero de 2001, aMiguel Ángel no lo frenó ni el llanto de su hija, de sólo un mes. Dio el portazo definitivamente a la par que escuchaba a Dolores decir: «¿Te vas? Pues te voy a dar donde más te duele». Ella debió de pensar que con su destreza con las leyes, su condición de mujer y una Ley de Violencia de Género muy connivente con las denuncias femeninas iba a ser pan comido aquello de propinarle un buen correctivo.
Comenzó saltándose el régimen de visitas estipulado tras la separación —tiene varias multas judiciales por ello— y suministrándole las primeras gotas, aún inocuas, de su particular frasco de cianuro: «A la niña le ha mordido un perro estando con su padre; la niña se ha caído del tobogán estando con su padre; la niña se ha puesto enferma estando con su padre y él no la ha llevado al médico...».
Luego Dolores maquinó palabras mayores. Por dos veces —en 2002 y en 2003— denunció que Miguel Ángel había abusado sexualmente de su propia hija. Como abogada, sabía que a un padre encausado por agresión sexual se le retira inmediatamente la custodia de los hijos hasta que se resuelve el asunto. Los tribunales, según refleja la sentencia de divorcio, acabaron absolviendo a Miguel Ángel: «Doña María Dolores Martín Pozo parece ser claramente obstaculizadora de los contactos entre la menor y el padre, ya que no ha permitido las visitas entre ambos desde hace tres años, con diferentes excusas y pretextos, e incluso graves acusaciones vertidas contra el padre, por supuestos abusos sexuales, que han quedado desacreditados según resolución judicial consecuencia de las diligencias incoadas en su día, por tales motivos, a instancias de la madre», se lee en la sentencia que Miguel Ángel nunca llegó a conocer. Iban a comunicársela el 15 de marzo de 2007. El día antes, lo mataron.

La resolución, además, le otorgaba a Miguel Ángel la custodia de su hija. Un logro, una rareza incluso, en un país donde sólo el 1% de los padres se quedan con los hijos. La niña, de siete años, ha acabado convirtiéndose en la otra gran víctima del suceso. La justicia le retiró la custodia a Dolores pero no así la patria potestad. Muerto el padre, la pequeña volvía automáticamente a sus
brazos. Ahora, como Dolores está en prisión, vive con la actual pareja de su madre, Carlos San Juan, informático, quien llegó a ser director de dominios de Red.es, empresa adscrita al Ministerio de Industria. Carlos y Dolores tienen un hijo común, de poco más de un año.
En el juicio que dirimió el divorcio—24 de enero de 2007—, Dolores dio buena cuenta de su esencia. Entonces parecían amenazas vacias. «Vamos a acabar contigo. No permitiremos que tengas a la niña. Antes te mato», decía, con testigos de por medio, intuyendo que el veredicto no iba a ser de su agrado. Cuentan que Miguel Ángel tuvo que abandonar la sala escoltado por miembros de seguridad del juzgado.
Dolores había vuelto a dejarle claro que no pensaba entregarle a su hija por mucho que lo dijera la justicia. Y se aseveró en ello cuando recibió la llamada de María Emilia Casas sin saber que tenía el teléfono pinchado: «Mi intención era, si me salía una sentencia de esas características, el haberme ido con la cría, lo tengo muy claro, y no apurar las vías hasta el Constitucional, irme a donde fuera... ». Le estaba diciendo a la cuarta autoridad del Estado que había pensado en secuestrar a su hija.
A Miguel Ángel intentaron liquidarlo por primera vez la misma tarde en la que el juicio por el divorcio quedó visto para sentencia. Horas después del «antes te mato». Recorría por carretera el trayecto que conduce de Rivas Vaciamadrid, donde trabajaba, como director financiero de la empresa de informática DMI9 Computer, a Ciempozuelos, donde vivía con una chica con la que había rehecho su vida y con la que tenía planeado casarse en 2008. Un coche lo siguió y lo acosó
hasta embestirlo y sacarlo del asfalto.
Él salió prácticamente ileso del accidente, pero el vehículo que conducía quedó completamente destrozado.
Pensó que era un recado de Dolores, un susto, pero nunca creyó que fuera capaz de más. Al día siguiente, denunció.

UN AVISO PREVIO

Dos semanas antes del asesinato, volvió a recibir otro aviso. Esta vez su retrovisor reflejaba una amenazante Honda CBR-600 que llevaba varios días rondándole. Los de la moto lo adelantaron y lo esperaron más adelante. Cuando Miguel Ángel pasó a su altura aceleró al ver que uno de ellos se llevaba la mano al pecho como si fuera a sacar un arma. Un colombiano, de unos 30 años, de complexión fuerte, y un español, de similar edad, pero menos atlético. Uno de ellos llevaba un pinganillo en la oreja y una pistola en la cintura. Así los describió un hombre que se cruzó con la siniestra pareja en un bar de Titulcia. En aquella ocasión, Miguel Ángel dejó pasar la afrenta, sabedor de que no tenía ninguna prueba. No hubo querella.

Él y Dolores intercambiaron hasta 12 denuncias durante su traumático proceso de separación. Prácticamente se veían las caras en los juzgados, terreno en el que ella se movía como pez en el agua. La última vez que estuvieron frente a frente fue el 31 de enero de 2007 por el altercado del centro comercial sucedido dos años atrás. Miguel Ángel y su pareja estaban de compras en Pinto cuando se cruzaron con una tía de Dolores. En minutos, ella estaba allí: «Se va a enterar España de lo que eres, has violado a tu hija...», decía montando la algarabía en un pasillo del supermercado.
Miguel Ángel dio aviso a la Guardia Civil y de nuevo salió de allí protegido por los agentes.
En el camino se cruzó con unaimagen especialmente hiriente: su hija, a la que no veía desde hacía
meses, observaba la escena desde la barandilla de una planta superior del centro comercial. No lo reconocía.
De hecho, aún hoy, cuando usa la palabra papá es para dirigirse al novio de su madre. Un familiar
de Dolores aupó entonces a la niña y la aleccionó: «Por ahí va tu agresor». «Ya me encargaré de que se entere España», seguía coreando Dolores.
Se refería a su intervención en el programa de Telemadrid Sucedió en Madrid, al que acudía dos
días después. En el plató —donde su rostro apareció velado pese a las protestas de ella porque así lo ordenó un juez a petición de Miguel Ángel— siguió labrándose su retrato de mujer desvalida, enfrentada a una justicia cegata que dejaba impune el calvario por el que pasaban ella y su hija.

El 14 de marzo de 2007, un asesino a sueldo esperaba a Miguel Ángel en un pequeño habitáculo junto al ascensor del garaje de su domicilio, en el número 3 de la calle de los Caretos, en Ciempozuelos. Le descerrajó tres tiros: uno en la mano, otro en el tórax y un tercero de gracia en la cabeza, remate del trabajo bien hecho.
El equipo de la Guardia Civil que se hizo cargo del caso no halló en las primeras investigaciones indicio alguno que sustentaran que el asesinato era producto de un sucio ajuste de cuentas como indicaba la profesionalidad de la ejecución.
Los agentes, alertados por la familia, se centraron entonces en la disputa con Dolores, la única sombra en su rutinaria, casi monótona, existencia.

JUEGOS DE ROL
Mientras le pinchaban el teléfono e indagaban si tenía contactos con algún esbirro, ella, que no fue al funeral ni al entierro ni presentó condolencias a la familia del padre de su hija, divulgaba en los medios de comunicación su particular visión de los hechos. Mi exmarido, contaba a Nieves Herrero, en Telemadrid, dos días después del asesinato, era aficionado a los juegos de rol. Quizás tuviera que ver con eso. Además, decía, se llevaba mal con una compañera de trabajo.

¿Trataba de desviar la atención?
Enseguida quedó al descubierto su vínculo con Eloy Sánchez Barba, conocido sobre todo por ser el
guardaespaldas de Ana Obregón, dedicado además a proporcionar seguridad a varios locales nocturnos deMadrid. Dolores lo había conocido porque Eloy solía contratar los servicios del bufete de la calle Viriato donde ella entró a trabajar.
Cuando ella se marchó de allí, por la puerta de atrás, se lo llevó en su cartera de clientes. Dolores Martín Pozo figura también como apoderada de dos empresas de seguridad —Cesigur y Clip Control—, propiedad de Óscar Sánchez Barba, hermano de Eloy.
Las escuchas telefónicas practicadas por la Guardia Civil a Eloy proporcionaron inesperadas sorpresas, ajenas al caso pero con mucha chicha para los medios de comunicación, la prensa rosa sobre todo. Interviú lleva varios números sirviéndolas en capítulos. Lo más llamativo, de momento, es el episodio en que Ana Obregón llama a su guardaespaldas para preguntarle si sabe cómo contratar a un mamporrero y menciona su disgusto con el presentador Jaime Cantizano.
A los agentes les pareció más provechosa para la resolución del asesinato la llamada de un hombre desde Colombia que le anunciaba a Eloy su regreso a Madrid. Luego se comprobó que el guardaespaldas le había enviado anteriormente 3.000 euros a Bogotá. Se trataba de Charles Michael Guarín Cercos, un ex paracaidista, acusado de ser la mano que apretó el gatillo. El pistolero fue detenido el pasado 20 de mayo junto a Eloy, Dolores y un cuarto hombre, Gabriel Saavedra, al que se sitúa en la escena del crimen.
Mucho más imprevistas resultaron ser las conversaciones pinchadas a Dolores. La abogada, sabedora de que aun muerto Miguel Ángel su familia iba a solicitar —y fácilmente conseguir— la titularidad de la custodia de la niña, removió todos sus contactos hasta lograr acceso directo a las más altas instituciones del Estado. Su padre, fontanero, quien trabajaba en un edificio donde María Emilia Casas tenía amistades, se las arregló para que una inquilina —sólo ha trascendido que se llama Elisa— intermediara ante la presidenta del Constitucional para que ésta mirara el caso de su hija.
El pasado 17 de abril María Emilia marcó su teléfono pese a que sobre Dolores pesaba una dura sentencia de divorcio que la presentaba como una madre «obstaculizadora» y «alienante». [Alienación parental: Dícese del síndrome que surge fundamentalmente en las disputas por la guarda y custodia por el cual uno de los progenitores (Dolores según la justicia) manipula a los hijos para que odien al otro progenitor].
La Presidenta del Constitucional la desvió hacia dos abogadas de la Asociación de Mujeres Progresistas y se despidió con un «si alguna vez recurre en amparo, pues ya me vuelve a llamar» que la ha dejado tocada por mucho que el Supremo haya archivado el procedimiento en el que se investigaba si incurrió en asesoramiento ilegal.
Conforme se estrechaba el cerco policial entorno a Dolores, la familia de la presunta acrecentó la presión sobre María Emilia Casas. Las continuas llamadas y mensajes que la presidenta del Constitucional recibía en su móvil personal la llevaron incluso a plantearse denunciarlos por acoso.
Otra personalidad mencionada en las conversaciones telefónicas de Dolores es Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Dolores se jactaba de haber hablado con ella por el mismo asunto. Presumía también de tener padrino en el Supremo. «Lola ha dicho que hay una persona en el Supremo que levanta el teléfono y habla con quien haga falta», se grabó en boca de su novio, Carlos.
Con ayuda de la plana mayor de la Justicia o sin ella, en diciembre pasado Dolores recurrió al Constitucional. Aún está pendiente su pronunciamiento. Antes tiene una cita mucho más importante con los tribunales. La que podría acabar condenándola a 20 años de prisión por el asesinato de Miguel Ángel Salgado, el padre de su hija.