Por desgracia

TOLERANCIA CERO CON LA VIOLENCIA, TODAS LAS VIOLENCIAS DE GENERO. Desde que entró en vigor la LIVG (Ley Integral Violencia de Género), muchas mujeres han sido salvadas de sus maltratadores, a muchas mujeres se les ha ayudado y protegido. Pero en ciertas ocasiones esta Ley también ha sido usada de modo injusto, a modo de arma contra hombres inocentes. Es comprensible que los gobiernos niegen la existencia de las denuncias falsas, pero el clamor de cientos de hombres que han sufrido el abuso y la tortura provocados por este mal uso, no es ninguna insignificancia que se pueda pasar por alto. Desde enero de 2007 este blog intenta servir como fuente de información que en muchas ocasiones no es fácil recopilar. El aporte de cientos de colaboradores que encuentran las noticias o que cuentan su propio caso, hacen posible este trabajo. La historia sigue y CONTINUAN apareciendo DENUNCIAS FALSAS, la parte positiva es que las mentirosas comienzan a ser castigadas con cierto rigor.

jueves, 26 de junio de 2008

Detienen a una joven por falsa denuncia de malos tratos

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008062400_10_155063__Sucesos-Detienen-joven-falsa-denuncia-malos-tratos

23-06-2008

LA OPINION | SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Guardia Civil de Tacoronte detuvo ayer a una joven de 18 años de edad a la que se le acusa de haber simulado ser víctima de malos tratos en el ámbito familiar.

Tomadas declaraciones al detenido, a testigos y practicadas otras diligencias, los pesquisas llegaron al convencimiento que la denuncia se basaba en hechos falsos y se instruye las diligencias por el supuesto delito de simulación de delito.

martes, 10 de junio de 2008

La abogada Dolores Martín Pozo en la carcel por contratar el asesinato de su exmarido.

Vamos a acabar contigo. Antes que te den la niña, te mato ...

No es posible que detrás de la dulce sonrisa de la abogada María Dolores se escondiese alguien capaz de machacar a sumarido hasta la muerte y de dejar «herida» a la presidenta del Constitucional utilizando a su padre fontanero.

Ésta es la historia de toda una dama negra.

ANA MARÍA ORTIZ

El portero del número 57 de la calle Viriato, Madrid centro, se ha quedado mudo, perplejo: «¿Pero está segura de que hablamos de la misma Dolores?». No le parece posible que la educada
abogada que tenía despacho en el 1º B, la que siempre lo recibía con una amable sonrisa cuando le entregaba en mano el correo, sea la misma mujer que está en prisión acusada de contratar a un sicario para asesinar a su ex marido. «¿Dolores Martín Pozo?», insiste el incrédulo portero. La misma.



La estupefacción se repite cada vez que se toca el entorno ocasional de Dolores: «No lo puedo creer, si era una chica encantadora. Además, muy legal con los compañeros y muy trabajadora», dice una abogada que ha llevado algún caso con ella. «¿Dolores Martín Pozo?», pregunta por enésima vez, reacia a asimilar que la menuda Lola, letrada de poco relumbrón, es la protagonista de la conversación telefónica que ha puesto en un serio brete a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. La misma.

Sin ser juzgada aún, María Dolores Martín Pozo —Madrid, 1971— se ha ganado ya un puesto en los primeros peldaños del escalafón de damas negras de la historia del crimen español. Guardaespaldas con maneras de matones, sicarios, Ana Obregón, Jaime Cantizano, la presidenta del Constitucional, la del Observatorio de la Violencia de género... Son algunos de los nombres que pivotan en torno a un truculento suceso que raya la ficción y del que ella es el epicentro. La primera figura. Un papel muy de su gusto, según quienes la han tratado más de cerca.

«Mi marido, ¡qué pobrecito! ¡Si era un violador! ¡Anda que se pudra bajo tierra y se lo coman las víboras!», le grabó la Guardia Civil, cuando hablaba por teléfono, antes de ser detenida como presunta instigadora del asesinato de su marido.

Dolores Martín, tras el juicio de divorcio, ya amenazó a su marido: «Vamos a acabar contigo. Antes que te den la niña, te mato»

Las biografías que seguro relatarán su retorcida y punzante personalidad podrían arrancar en julio de 1998, cuando la abogada se casó, por la iglesia, con Miguel Ángel Salgado, un joven informático al que había conocido en el barrio (Vallecas) por mediación de unos amigos comunes. Antes de que un asesino a sueldo le administrara tres balas, de parte (presuntamente) de su señora, Miguel Ángel contó el vía crucis que le supuso aquel «sí quiero». Lo que parecía simplemente una mujer de carácter fuerte se transformó enseguida en una suerte de dominatrix
pero sin látigo. No concretó los maltratos psicológicos a los que Dolores lo sometía pero sí contó que alguna vez llegó a esconderse de ella preso del miedo.
En febrero de 2001, aMiguel Ángel no lo frenó ni el llanto de su hija, de sólo un mes. Dio el portazo definitivamente a la par que escuchaba a Dolores decir: «¿Te vas? Pues te voy a dar donde más te duele». Ella debió de pensar que con su destreza con las leyes, su condición de mujer y una Ley de Violencia de Género muy connivente con las denuncias femeninas iba a ser pan comido aquello de propinarle un buen correctivo.
Comenzó saltándose el régimen de visitas estipulado tras la separación —tiene varias multas judiciales por ello— y suministrándole las primeras gotas, aún inocuas, de su particular frasco de cianuro: «A la niña le ha mordido un perro estando con su padre; la niña se ha caído del tobogán estando con su padre; la niña se ha puesto enferma estando con su padre y él no la ha llevado al médico...».
Luego Dolores maquinó palabras mayores. Por dos veces —en 2002 y en 2003— denunció que Miguel Ángel había abusado sexualmente de su propia hija. Como abogada, sabía que a un padre encausado por agresión sexual se le retira inmediatamente la custodia de los hijos hasta que se resuelve el asunto. Los tribunales, según refleja la sentencia de divorcio, acabaron absolviendo a Miguel Ángel: «Doña María Dolores Martín Pozo parece ser claramente obstaculizadora de los contactos entre la menor y el padre, ya que no ha permitido las visitas entre ambos desde hace tres años, con diferentes excusas y pretextos, e incluso graves acusaciones vertidas contra el padre, por supuestos abusos sexuales, que han quedado desacreditados según resolución judicial consecuencia de las diligencias incoadas en su día, por tales motivos, a instancias de la madre», se lee en la sentencia que Miguel Ángel nunca llegó a conocer. Iban a comunicársela el 15 de marzo de 2007. El día antes, lo mataron.

La resolución, además, le otorgaba a Miguel Ángel la custodia de su hija. Un logro, una rareza incluso, en un país donde sólo el 1% de los padres se quedan con los hijos. La niña, de siete años, ha acabado convirtiéndose en la otra gran víctima del suceso. La justicia le retiró la custodia a Dolores pero no así la patria potestad. Muerto el padre, la pequeña volvía automáticamente a sus
brazos. Ahora, como Dolores está en prisión, vive con la actual pareja de su madre, Carlos San Juan, informático, quien llegó a ser director de dominios de Red.es, empresa adscrita al Ministerio de Industria. Carlos y Dolores tienen un hijo común, de poco más de un año.
En el juicio que dirimió el divorcio—24 de enero de 2007—, Dolores dio buena cuenta de su esencia. Entonces parecían amenazas vacias. «Vamos a acabar contigo. No permitiremos que tengas a la niña. Antes te mato», decía, con testigos de por medio, intuyendo que el veredicto no iba a ser de su agrado. Cuentan que Miguel Ángel tuvo que abandonar la sala escoltado por miembros de seguridad del juzgado.
Dolores había vuelto a dejarle claro que no pensaba entregarle a su hija por mucho que lo dijera la justicia. Y se aseveró en ello cuando recibió la llamada de María Emilia Casas sin saber que tenía el teléfono pinchado: «Mi intención era, si me salía una sentencia de esas características, el haberme ido con la cría, lo tengo muy claro, y no apurar las vías hasta el Constitucional, irme a donde fuera... ». Le estaba diciendo a la cuarta autoridad del Estado que había pensado en secuestrar a su hija.
A Miguel Ángel intentaron liquidarlo por primera vez la misma tarde en la que el juicio por el divorcio quedó visto para sentencia. Horas después del «antes te mato». Recorría por carretera el trayecto que conduce de Rivas Vaciamadrid, donde trabajaba, como director financiero de la empresa de informática DMI9 Computer, a Ciempozuelos, donde vivía con una chica con la que había rehecho su vida y con la que tenía planeado casarse en 2008. Un coche lo siguió y lo acosó
hasta embestirlo y sacarlo del asfalto.
Él salió prácticamente ileso del accidente, pero el vehículo que conducía quedó completamente destrozado.
Pensó que era un recado de Dolores, un susto, pero nunca creyó que fuera capaz de más. Al día siguiente, denunció.

UN AVISO PREVIO

Dos semanas antes del asesinato, volvió a recibir otro aviso. Esta vez su retrovisor reflejaba una amenazante Honda CBR-600 que llevaba varios días rondándole. Los de la moto lo adelantaron y lo esperaron más adelante. Cuando Miguel Ángel pasó a su altura aceleró al ver que uno de ellos se llevaba la mano al pecho como si fuera a sacar un arma. Un colombiano, de unos 30 años, de complexión fuerte, y un español, de similar edad, pero menos atlético. Uno de ellos llevaba un pinganillo en la oreja y una pistola en la cintura. Así los describió un hombre que se cruzó con la siniestra pareja en un bar de Titulcia. En aquella ocasión, Miguel Ángel dejó pasar la afrenta, sabedor de que no tenía ninguna prueba. No hubo querella.

Él y Dolores intercambiaron hasta 12 denuncias durante su traumático proceso de separación. Prácticamente se veían las caras en los juzgados, terreno en el que ella se movía como pez en el agua. La última vez que estuvieron frente a frente fue el 31 de enero de 2007 por el altercado del centro comercial sucedido dos años atrás. Miguel Ángel y su pareja estaban de compras en Pinto cuando se cruzaron con una tía de Dolores. En minutos, ella estaba allí: «Se va a enterar España de lo que eres, has violado a tu hija...», decía montando la algarabía en un pasillo del supermercado.
Miguel Ángel dio aviso a la Guardia Civil y de nuevo salió de allí protegido por los agentes.
En el camino se cruzó con unaimagen especialmente hiriente: su hija, a la que no veía desde hacía
meses, observaba la escena desde la barandilla de una planta superior del centro comercial. No lo reconocía.
De hecho, aún hoy, cuando usa la palabra papá es para dirigirse al novio de su madre. Un familiar
de Dolores aupó entonces a la niña y la aleccionó: «Por ahí va tu agresor». «Ya me encargaré de que se entere España», seguía coreando Dolores.
Se refería a su intervención en el programa de Telemadrid Sucedió en Madrid, al que acudía dos
días después. En el plató —donde su rostro apareció velado pese a las protestas de ella porque así lo ordenó un juez a petición de Miguel Ángel— siguió labrándose su retrato de mujer desvalida, enfrentada a una justicia cegata que dejaba impune el calvario por el que pasaban ella y su hija.

El 14 de marzo de 2007, un asesino a sueldo esperaba a Miguel Ángel en un pequeño habitáculo junto al ascensor del garaje de su domicilio, en el número 3 de la calle de los Caretos, en Ciempozuelos. Le descerrajó tres tiros: uno en la mano, otro en el tórax y un tercero de gracia en la cabeza, remate del trabajo bien hecho.
El equipo de la Guardia Civil que se hizo cargo del caso no halló en las primeras investigaciones indicio alguno que sustentaran que el asesinato era producto de un sucio ajuste de cuentas como indicaba la profesionalidad de la ejecución.
Los agentes, alertados por la familia, se centraron entonces en la disputa con Dolores, la única sombra en su rutinaria, casi monótona, existencia.

JUEGOS DE ROL
Mientras le pinchaban el teléfono e indagaban si tenía contactos con algún esbirro, ella, que no fue al funeral ni al entierro ni presentó condolencias a la familia del padre de su hija, divulgaba en los medios de comunicación su particular visión de los hechos. Mi exmarido, contaba a Nieves Herrero, en Telemadrid, dos días después del asesinato, era aficionado a los juegos de rol. Quizás tuviera que ver con eso. Además, decía, se llevaba mal con una compañera de trabajo.

¿Trataba de desviar la atención?
Enseguida quedó al descubierto su vínculo con Eloy Sánchez Barba, conocido sobre todo por ser el
guardaespaldas de Ana Obregón, dedicado además a proporcionar seguridad a varios locales nocturnos deMadrid. Dolores lo había conocido porque Eloy solía contratar los servicios del bufete de la calle Viriato donde ella entró a trabajar.
Cuando ella se marchó de allí, por la puerta de atrás, se lo llevó en su cartera de clientes. Dolores Martín Pozo figura también como apoderada de dos empresas de seguridad —Cesigur y Clip Control—, propiedad de Óscar Sánchez Barba, hermano de Eloy.
Las escuchas telefónicas practicadas por la Guardia Civil a Eloy proporcionaron inesperadas sorpresas, ajenas al caso pero con mucha chicha para los medios de comunicación, la prensa rosa sobre todo. Interviú lleva varios números sirviéndolas en capítulos. Lo más llamativo, de momento, es el episodio en que Ana Obregón llama a su guardaespaldas para preguntarle si sabe cómo contratar a un mamporrero y menciona su disgusto con el presentador Jaime Cantizano.
A los agentes les pareció más provechosa para la resolución del asesinato la llamada de un hombre desde Colombia que le anunciaba a Eloy su regreso a Madrid. Luego se comprobó que el guardaespaldas le había enviado anteriormente 3.000 euros a Bogotá. Se trataba de Charles Michael Guarín Cercos, un ex paracaidista, acusado de ser la mano que apretó el gatillo. El pistolero fue detenido el pasado 20 de mayo junto a Eloy, Dolores y un cuarto hombre, Gabriel Saavedra, al que se sitúa en la escena del crimen.
Mucho más imprevistas resultaron ser las conversaciones pinchadas a Dolores. La abogada, sabedora de que aun muerto Miguel Ángel su familia iba a solicitar —y fácilmente conseguir— la titularidad de la custodia de la niña, removió todos sus contactos hasta lograr acceso directo a las más altas instituciones del Estado. Su padre, fontanero, quien trabajaba en un edificio donde María Emilia Casas tenía amistades, se las arregló para que una inquilina —sólo ha trascendido que se llama Elisa— intermediara ante la presidenta del Constitucional para que ésta mirara el caso de su hija.
El pasado 17 de abril María Emilia marcó su teléfono pese a que sobre Dolores pesaba una dura sentencia de divorcio que la presentaba como una madre «obstaculizadora» y «alienante». [Alienación parental: Dícese del síndrome que surge fundamentalmente en las disputas por la guarda y custodia por el cual uno de los progenitores (Dolores según la justicia) manipula a los hijos para que odien al otro progenitor].
La Presidenta del Constitucional la desvió hacia dos abogadas de la Asociación de Mujeres Progresistas y se despidió con un «si alguna vez recurre en amparo, pues ya me vuelve a llamar» que la ha dejado tocada por mucho que el Supremo haya archivado el procedimiento en el que se investigaba si incurrió en asesoramiento ilegal.
Conforme se estrechaba el cerco policial entorno a Dolores, la familia de la presunta acrecentó la presión sobre María Emilia Casas. Las continuas llamadas y mensajes que la presidenta del Constitucional recibía en su móvil personal la llevaron incluso a plantearse denunciarlos por acoso.
Otra personalidad mencionada en las conversaciones telefónicas de Dolores es Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Dolores se jactaba de haber hablado con ella por el mismo asunto. Presumía también de tener padrino en el Supremo. «Lola ha dicho que hay una persona en el Supremo que levanta el teléfono y habla con quien haga falta», se grabó en boca de su novio, Carlos.
Con ayuda de la plana mayor de la Justicia o sin ella, en diciembre pasado Dolores recurrió al Constitucional. Aún está pendiente su pronunciamiento. Antes tiene una cita mucho más importante con los tribunales. La que podría acabar condenándola a 20 años de prisión por el asesinato de Miguel Ángel Salgado, el padre de su hija.

El pleno del Constitucional respalda a Casas tras oír sus explicaciones

La presidenta ha justificado la conversación que mantuvo en abril de 2007 con una abogada que al mes siguiente fue detenidad y acusada de incitar el asesinato de su ex marido |

Sólo Rodríguez-Zapata se ha desmarcado de la posición

Casas explica hoy al pleno del Constitucional su conversación con una abogada imputada

El pleno del Tribunal Constitucional ha respaldado este lunes a su presidenta, María Emilia Casas, tras oír sus explicaciones sobre la conversación que en abril de 2007 mantuvo con una abogada que el mes pasado fue detenida y acusada de incitar el asesinato de su ex marido.

En una nota de prensa, el Alto Tribunal explica que, tras el relato hecho por Casas, el pleno le ha agradecido "la transparencia de su comunicación" y le ha reiterado su confianza.

Enlaces recomendados

Sólo un magistrado, el conservador Jorge Rodríguez-Zapata, se ha desmarcado de la posición mantenida por sus nueve compañeros.

miércoles, 4 de junio de 2008

DIMISION INMEDIATA

«María Emilia Casas debería dejar su cargo»

POR PABLO MUÑOZ

FOTO JULIÁN DE DOMINGO

MADRID. La polémica por las escuchas realizadas a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que mantuvo una conversación telefónica con una abogada luego detenida por la Guardia Civil acusada de encargar el asesinato de su ex marido, ha hecho que por momentos se olvidara que en este asunto hay una víctima fundamental: la familia de Miguel Ángel Salgado Pimentel, el hombre acribillado a balazos en el garaje de su casa de Ciempozuelos el 14 de marzo de 2007.

Estos días están siendo muy difíciles para los allegados de Salgado, que vuelven a revivir el terrible dolor de aquellos momentos. Pero además, la noticia adelantada por ABC de que la presidenta del Contitucional habló con la presunta inductora del crimen para aconsejarla sobre cómo recuperar la custodia de su hija ha hecho que al dolor se sume la indignación.

«La actuación de Casas es inexplicable -afirmaron fuentes familiares consultadas por este periódico-. No es lógico que nada menos que la presidenta del Tribunal Constitucional se dedique a dar consejos a la primera persona que alguien le pide, a la primera señora que llama».

«Ella preside una de las más altas instituciones del Estado y su forma de actuar compromete su imagen -continúan las fuentes familiares-. Sea o no sea delito lo que ha hecho entendemos que María Emilia Casas debe dejar su cargo, dimitir de inmediato. Estamos sorprendidos e indignados».

Custodia de la hija

Como ya informó ABC, las investigaciones de la Guardia Civil revelaron que la abogada Dolores Martín había encargado a uno de sus clientes habituales, Eloy Sánchez Barba, que matara a su ex marido, al parecer para quedarse con la custodia de la hija de ambos. Un mes después del crimen -17 de abril de 2007- fue cuando María Emilia Casas la llamó a instancias de una conocida suya para aconsejarla sobre ese asunto, si bien lo cierto es que la presidenta del TC cortó la conversación en el momento en que la letrada le dijo que era investigada como sospechosa del asesinato.

La familia Salgado tiene muy presentes aún las palabras de Dolores Martín a una televisión el mismo día del entierro de la víctima, en las que sugería que los hechos podían deberse a un juego de rol, precisamente la misma falacia que tiempo después contó a la Guardia Civil Eloy Sánchez Barba en una declaración voluntaria aparentemente hecha con la intención de desviar la atención de los investigadores.

La secuencia de los hechos es curiosa. El 13 de marzo de 2007, los sicarios planifican el crimen, que cometen el 14 a primeras horas de la noche. Y el día 15 por la mañana el juzgado de familia da cuenta a los letrados del matrimonio separado de que había concedido a Miguel Ángel Salgado la custodia de la niña. La familia Salgado no descarta que Dolores Martín ya conociera la decisión de los jueces. También en esas fechas se produce la sentencia de divorcio de la pareja, lo que permitía a la víctima casarse con la mujer con la que había compartido los dos últimos años de su vida.




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EDUARDO VIVES TERUEL
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martes, 3 de junio de 2008

El Tribunal Supremo recibe diligencias sobre escuchas donde interviene la presidenta del Constitucional

C. MORCILLO/N. COLLI/P. MUÑOZ. MADRID.

El Tribunal Supremo estudia la actuación de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que dialogó con una abogada sobre la forma de presentar un recurso ante un juzgado relativo a un asunto familiar. Ahora la Sala Segunda del Supremo deberá decidir si procede contra la presidenta del Constitucional o archiva la causa.



La prueba que tiene el Supremo fue obtenida durante la investigación del asesinato de un hombre perpetrado el 14 de marzo de 2007, supuestamente por encargo de su mujer; precisamente la letrada que pidió la ayuda de la presidenta del Tribunal Constitucional. Una vez resuelto el crimen la semana pasada, la juez de Valdemoro encargada del caso abrió una pieza separada por este asunto, que el pasado lunes llegó al Tribunal Supremo, competente para tramitar todas aquellas causas penales en las que esté implicado un aforado, condición que ostenta María Emilia Casas.

Hay que precisar, en cualquier caso, que obviamente la presidenta del Tribunal Constitucional nunca supo que la persona con la que hablaba podía estar implicada en un delito tan grave.

El caso del crimen por encargo da así otra sorpresa, después de que se conociera que la actriz y presentadora de televisión Ana García Obregón había pedido a otro de los implicados, Eloy Sánchez Barba, la persona acusada de contratar a los autores materiales, que diera una paliza al también presentador Jaime Cantizano. Estos hechos aparecen en las diligencias previas 1214/07 del juzgado de Valdemoro.

En un garaje

Según ha sabido ABC, la citada conversación telefónica, grabada por la Guardia Civil, se produjo el 17 de abril del pasado año, apenas un mes después de que se cometiera el asesinato en el garaje del número 3 de la calle de los Caretos de la localidad madrileña de Ciempozuelos.

A las 21:27 horas de esa noche de martes, la abogada Dolores Martín telefonea a María Emilia Casas. La letrada explica a la presidenta del TC que la llama de parte de una amiga común, que es la que hace de intermediaria para que la conversación entre ambas se pueda producir. El motivo de la llamada de la letrada Martín era pedir asesoramiento acerca de un asunto familiar, al parecer sobre cómo presentar un recurso ante un juzgado para intentar recuperar la custodia de su hija, que había perdido precisamente el mismo día en que su marido fue asesinado por encargo suyo, según la investigación de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

Los investigadores, al tener conocimiento de estos hechos y teniendo en cuenta la relevancia de la persona implicada, decidieron ponerlo en conocimiento de la juez encargada del caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valdemoro.

La magistrada decidió aparcar el asunto hasta que se resolviera el crimen, ya que si se hubiera conocido que los investigadores ya se habían centrado sobre la mujer como principal sospechosa del asesinato toda la investigación, muy laboriosa y delicada, podía venirse abajo.

Hay que destacar que la juez hizo lo mismo con las escuchas en las que aparecía la conocida actriz Ana García Obregón pidiendo a Eloy Sánchez Barba que contratara a unos matones para dar una paliza al presentador de programas del corazón Jaime Cantizano. Crimen por encargo

La semana pasada, después de más de un año de intensas investigaciones, la Guardia Civil detuvo a los implicados en el crimen por encargo: la abogada Dolores Martín, el citado Sánchez Barba, G.S.M., colaborador del anterior y el presunto autor material del asesinato, C.M.G.C. Días después se





La prueba que tiene el Supremo fue obtenida durante la investigación del asesinato de un hombre perpetrado el 14 de marzo de 2007, supuestamente por encargo de su mujer; precisamente la letrada que pidió la ayuda de la presidenta del Tribunal Constitucional. Una vez resuelto el crimen la semana pasada, la juez de Valdemoro encargada del caso abrió una pieza separada por este asunto, que el pasado lunes llegó al Tribunal Supremo, competente para tramitar todas aquellas causas penales en las que esté implicado un aforado, condición que ostenta María Emilia Casas.

Hay que precisar, en cualquier caso, que obviamente la presidenta del Tribunal Constitucional nunca supo que la persona con la que hablaba podía estar implicada en un delito tan grave.

El caso del crimen por encargo da así otra sorpresa, después de que se conociera que la actriz y presentadora de televisión Ana García Obregón había pedido a otro de los implicados, Eloy Sánchez Barba, la persona acusada de contratar a los autores materiales, que diera una paliza al también presentador Jaime Cantizano. Estos hechos aparecen en las diligencias previas 1214/07 del juzgado de Valdemoro.

En un garaje

Según ha sabido ABC, la citada conversación telefónica, grabada por la Guardia Civil, se produjo el 17 de abril del pasado año, apenas un mes después de que se cometiera el asesinato en el garaje del número 3 de la calle de los Caretos de la localidad madrileña de Ciempozuelos.

A las 21:27 horas de esa noche de martes, la abogada Dolores Martín telefonea a María Emilia Casas. La letrada explica a la presidenta del TC que la llama de parte de una amiga común, que es la que hace de intermediaria para que la conversación entre ambas se pueda producir. El motivo de la llamada de la letrada Martín era pedir asesoramiento acerca de un asunto familiar, al parecer sobre cómo presentar un recurso ante un juzgado para intentar recuperar la custodia de su hija, que había perdido precisamente el mismo día en que su marido fue asesinado por encargo suyo, según la investigación de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

Los investigadores, al tener conocimiento de estos hechos y teniendo en cuenta la relevancia de la persona implicada, decidieron ponerlo en conocimiento de la juez encargada del caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valdemoro.

La magistrada decidió aparcar el asunto hasta que se resolviera el crimen, ya que si se hubiera conocido que los investigadores ya se habían centrado sobre la mujer como principal sospechosa del asesinato toda la investigación, muy laboriosa y delicada, podía venirse abajo.

Hay que destacar que la juez hizo lo mismo con las escuchas en las que aparecía la conocida actriz Ana García Obregón pidiendo a Eloy Sánchez Barba que contratara a unos matones para dar una paliza al presentador de programas del corazón Jaime Cantizano. Crimen por encargo

La semana pasada, después de más de un año de intensas investigaciones, la Guardia Civil detuvo a los implicados en el crimen por encargo: la abogada Dolores Martín, el citado Sánchez Barba, G.S.M., colaborador del anterior y el presunto autor material del asesinato, C.M.G.C. Días después se levantaba el secreto de las actuaciones y fue el momento elegido por la juez de Valdemoro para dar cuenta a la Sala Segunda del Tribunal Supremo de los hechos en los que aparece implicada María Emilia Casas.

En su escrito, en el que informa de la conversación de asesoramiento a la abogada ahora encarcelada, la juez indica que remite la exposición por si hubiera «indicios de criminalidad en la actuación del aforado», al que en ningún momento cita por su nombre ni cargo.

El pasado lunes el escrito llegó al Tribunal Supremo, que ahora deberá decidir si procede abrir una investigación sobre el asunto porque en efecto considera que existen indicios de alguna irregularidad, o por el contrario lo archiva al considerar que la conversación no tiene ningún tipo de relevancia penal.

Sin precedentes

Se trata de la primera vez que el Tribunal Supremo —en concreto su Sala Segunda— tenga que analizar si un presidente del Tribunal Constitucional ha podido cometer alguna irregularidad. El incidente se produce además en un momento especialmente delicado para el TC por el deterioro de la imagen sufrido como consecuencia de la politización de algunos de los asuntos de los que debe decidir, como el estatuto de Cataluña.

El Tribunal es además objeto de confrontación política porque está pendiente su renovación parcial (los cuatro magistrados que elige el Senado) así como la vancate dejada por el reciente fallecimiento de Roberto García-Calvo.

La catedrática María Emilia Casas Baamonde es la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional,

puesto para el que fue elegida en junio de 2004. Casas, considerada del sector progresista, es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid y fue la séptima persona en presidir la institución, creada en 1980.

Nacida en Lugo en 1950, fue vicerectora de la Universidad Carlos III. En el TC, sustituyó a Manuel Jiménez de Parga y compitió para el cargo con Vicente Conde Martín de Hijas, del sector conservador. Antes de Casas ocuparon la presidencia Manuel García Pelayo (1980-86), Francisco Tomás y Valiente (1986-92), Miguel Rodríguez Piñero (1992-95), Álvaro Rodríguez-Bereijo (1995-98), Pedro Cruz Villalón (1998-2001) y Manuel Jiménez de Parga (2001-04).

Matan a un padre por otener la custodia de su hija. La Presidenta del T.C. implicada sin saberlo por culpa de una llamada pidiendo consejo.

ABC - C. H. / M. C. MADRID.

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Las informaciones publicadas los últimos días por ABC sobre unas escuchas realizadas a la presidenta del Tribunal Constitucional en el marco de una investigación de un crimen por encargo, y sobre las que deberá decidir el Supremo si son constitutivas de delito, llevaron ayer al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, a exigir a María Emilia Casas explicaciones «cumplidas e inmediatas».

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El líder popular manifestó esta exigencia al presentar ayer ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, reunido en Madrid, un análisis de la situación tras las elecciones generales. Fue en el transcurso de esa intervención cuando el presidente del Patido Popular, Mariano Rajoy, exigió una aclaración del caso, «respetando siempre la presunción de inocencia», según explicaron fuentes del principal partido de la oposición.

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No es sancionable

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El caso también ha provocado las reacciones de las principales asociaciones de jueces, que aunque no ven sancionable esa conversación entre Casas y la abogado que encargó el asesinato de su marido sí consideran que la presidenta debería desempeñar su cargo «con una cautela extrema». No obstante, añaden que es preciso «distinguir entre una asesoría y un consejo personal».

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Como adelantó ABC el pasado sábado, la juez de Valdemoro elevó una exposición razonada al TS por si de esta conversación entre Casas y la abogada ahora en prisión podría derivarse alguna responsabilidad de la presidenta del Constitucional como presunta autora de un delito tipificado en el artículo 441 del Código Penal.

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Desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su portavoz, Antonio García, recordó en declaraciones a Ep, que «un presidente del Tribunal Constitucional es una persona que se debe conducir con una cautela extrema y, siendo esto así, no es muy lógico que esté atendiendo consultas de una letrada sobre cómo se interpone mejor un recurso ante un juzgado de familia». «Esa no es la tarea de una presidenta del TC ni lo será nunca», indicó García, quien añadió que María Emilia Casas «debería explicar el incidente». No obstante, desestimó hacer más «valoraciones de tipo jurídico o político», ya que, según dijo, «la causa ya está sometida al conocimiento del tribunal competente». «Hay un testimonio que fue remitido al Tribunal Supremo y será éste quien tenga que pronunciarse sobre si lo que hizo la presidenta es merecedor de algún tipo de reproche penal, que no parece que lo merezca», explicó.

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En cualquier caso, añadió que «conocemos lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, conocemos lo que dice la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pero desde la APM no queremos entrar en polémicas que contribuyan a deteriorar la imagen de una institución bajo mínimos en los últimos tiempos», sentenció.

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Asesoría y consejo

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Por su parte, el portavoz de la progresista Jueces para Democracia, Jaime Tapia, declaró que «hay que distinguir entre una asesoría y un consejo a una persona amiga que en un momento dado pide una opinión». A su entender, eso es lo que ha sucedido con la presidenta del TC, por lo que manifestó su opinión de que Casas no incurrió en «ninguna acción sancionable». «Otra cosa es que hubiese tenido una suerte de asesorías para uno o varios abogados», matizó.

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«Cuando la ley habla de sancionar el asesoramiento, yo creo que no es a esto a lo que se refiere», insistió Tapia quien, no obstante, valoró positivamente la posibilidad de que Casas diese explicaciones sobre el incidente, pero entendería que no lo hiciese para «evitar enturbiar más la situación o ejercer algún tipo de presión a la decisión judicial».

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En la misma línea, desde la asociación Francisco de Vitoria, Lorenzo del Río manifestó que «una cosa es lo de asesorar en cualquier tipo de pleito sea o no remunerado y otra cosa es dar un consejo». «La situación sería grave si hubiese ido más allá de una conversación personal», concluyó.

El Tribunal Supremo recibe diligencias sobre escuchas donde interviene la presidenta del Constitucional

ABC - C. MORCILLO/N. COLLI/P. MUÑOZ. MADRID.

El Tribunal Supremo estudia la actuación de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que dialogó con una abogada sobre la forma de presentar un recurso ante un juzgado relativo a un asunto familiar. Ahora la Sala Segunda del Supremo deberá decidir si procede contra la presidenta del Constitucional o archiva la causa.

La prueba que tiene el Supremo fue obtenida durante la investigación del asesinato de un hombre perpetrado el 14 de marzo de 2007, supuestamente por encargo de su mujer; precisamente la letrada que pidió la ayuda de la presidenta del Tribunal Constitucional. Una vez resuelto el crimen la semana pasada, la juez de Valdemoro encargada del caso abrió una pieza separada por este asunto, que el pasado lunes llegó al Tribunal Supremo, competente para tramitar todas aquellas causas penales en las que esté implicado un aforado, condición que ostenta María Emilia Casas.

Hay que precisar, en cualquier caso, que obviamente la presidenta del Tribunal Constitucional nunca supo que la persona con la que hablaba podía estar implicada en un delito tan grave.

El caso del crimen por encargo da así otra sorpresa, después de que se conociera que la actriz y presentadora de televisión Ana García Obregón había pedido a otro de los implicados, Eloy Sánchez Barba, la persona acusada de contratar a los autores materiales, que diera una paliza al también presentador Jaime Cantizano. Estos hechos aparecen en las diligencias previas 1214/07 del juzgado de Valdemoro.

En un garaje

Según ha sabido ABC, la citada conversación telefónica, grabada por la Guardia Civil , se produjo el 17 de abril del pasado año, apenas un mes después de que se cometiera el asesinato en el garaje del número 3 de la calle de los Caretos de la localidad madrileña de Ciempozuelos. A las 21:27 horas de esa noche de martes, la abogada Dolores Martín telefonea a María Emilia Casas. La letrada explica a la presidenta del TC que la llama de parte de una amiga común, que es la que hace de intermediaria para que la conversación entre ambas se pueda producir.

El motivo de la llamada de la letrada Martín era pedir asesoramiento acerca de un asunto familiar, al parecer sobre cómo presentar un recurso ante un juzgado para intentar recuperar la custodia de su hija, que había perdido precisamente el mismo día en que su marido fue asesinado por encargo suyo, según la investigación de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

Los investigadores, al tener conocimiento de estos hechos y teniendo en cuenta la relevancia de la persona implicada, decidieron ponerlo en conocimiento de la juez encargada del caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valdemoro. La magistrada decidió aparcar el asunto hasta que se resolviera el crimen, ya que si se hubiera conocido que los investigadores ya se habían centrado sobre la mujer como principal sospechosa del asesinato toda la investigación, muy laboriosa y delicada, podía venirse abajo.

Hay que destacar que la juez hizo lo mismo con las escuchas en las que aparecía la conocida actriz Ana García Obregón pidiendo a Eloy Sánchez Barba que contratara a unos matones para dar una paliza al presentador de programas del corazón Jaime Cantizano.

Encargó matar a su ex marido para lograr la custodia de la hija

Aportado por “amnistía Infantil”

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ABC - M. J. ÁLVAREZ. MADRID
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Un crimen por encargo. Ese fue el móvil que provocó el homicidio de Miguel Ángel Salgado Pimentel, de 36 años, en el garaje de su casa. El suceso ocurrió el 14 de marzo de 2007 en el número 3 de la calle de los Caretos de Ciempozuelos. Le dispararon tres veces, dos de ellas en la cabeza.

Las primeras hipótesis que manejó la Guardia Civil fue que se trataba de un robo o de un ajuste de cuentas, dado que le estaban esperando y fueron a por él. Fue una vecina del inmueble la que se encontró el cadáver y avisó a la Benemérita.

De inmediato, salieron a relucir las desavenencias entre la víctima y su ex mujer, M.D.M.P., quienes tenían varias denuncias interpuestas en los juzgados de familia. Entre ellas, figuraba una en la que el fallecido aseguraba que había sido amenazado de muerte por su ex mujer, extremo que corroboraron los testigos. Además, el mismo día del crimen un juzgado había dictado un auto en el que le concedía la custodia de la hija de ambos.

Las pesquisas se centraron en su ex pareja. De ahí que localizaran una denuncia del fallecido, de enero de 2007, en la que explicaba que varios desconocidos habían intentado echarle de la calzada de la carretera M-311, resultando dañado su vehículo, extremo que fue de nuevo comprobado.

Las indagaciones permitieron llegar hasta un amigo y cliente de su ex pareja, E.S.B., que incluso llegó a prestar declaración, a petición propia, ante la Guardia Civil, si bien, para despistar, apuntó a que Miguel Ángel pudiera estar relacionado con juegos de rol. El ovillo condujo a su colaborador y conocedor de sus «negocios», G.S.M., y C.M.G.C., presunto autor del homicidio.

«Asesinos a sueldo»

E.S.B., es el encargado de una empresa que contrata porteros que trabajan en discotecas y salas de fiestas de todo el país. Durante la investigación se constató que este y G.S.M., habían organizado varios «ajustes» y palizas por encargo.

Por todo ello se llegó a la conclusión que fue su ex pareja quien organizó la muerte de Miguel Ángel y contrató a C.M.G.C. Los hombres, según todos los indicios, sometieron a vigilancias previas a la víctima hasta que actuaron.

El pasado martes se realizaron las detenciones y se registraron sus viviendas. Entre los efectos intervenidos se encuentran un llavero pistola del calibre 6,35 con munición, armas blancas, cintas adhesivas y bridas. Todos son españoles y tres de ellos, salvo G.S.M., están ya en prisión. No obstante, el arma homicida no ha aparecido.
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"Antes te mato"

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Una abogada encargó a un sicario matar a su ex pareja

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El País - F. JAVIER BARROSO - Madrid - 01/06/2008

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"Antes te mato a que te lleves a mi hija". Esa frase tan rotunda fue premonitoria. La soltó la abogada María Dolores Martín Pozo, de 37 años, al conocer que acababa de perder la tutela de su hija. Su ex marido, Miguel Ángel Salgado Pimentel, de 37 años, cayó acribillado a balazos meses después en el garaje de su casa, en Ciempozuelos (Madrid). Un año y dos meses después, la Guardia Civil de Madrid ha detenido a la letrada y a sus tres compinches, acusados del asesinato.

El intermediario de la letrada afirmó que el fallecido era jugador de rol

Miguel Ángel Salgado volvía a su casa, en la calle de Caretos número 3. Regresaba de su trabajo en la empresa de informática DMI Computer, en Rivas-Vaciamadrid. Un hombre le esperaba junto al descansillo del ascensor, en el garaje. Sin mediar palabra, le descerrajó tres tiros, que le alcanzaron en la cabeza, el pecho y en un brazo. Murió en el acto.

Los agentes de Homicidios de la Guardia Civil investigaron la vida privada de la víctima, pero estas pesquisas no dieron resultados positivos. La conclusión fue en ambos casos la misma: "absoluta normalidad", donde siempre destacaba su buen hacer. Fuentes del instituto armado explicaron que dicha normalidad sólo se había visto alterada por "los constantes pleitos, disputas y altercados con su ex esposa". A eso se unía que el asesino era un profesional. La víctima fue ejecutada con una pistola del calibre nueve milímetros parabellum, y el homicida, lejos de llevarse por el azar o el arrebato, observó "una minuciosidad criminal", según la Guardia Civil.

La relación entre Salgado y su ex esposa era nefasta. Ambos se pusieron 12 denuncias entre febrero de 2002 y octubre de 2005 por amenazas, insultos, incumplimiento del régimen de visitas, lesiones y por el impago de la pensión.

Salgado comió con sus padres dos días antes de ser asesinado. Les dijo que tuvieran "mucho cuidado", porque iban a por ellos, y su ex esposa ya le había advertido de que no le daría la tutela de su hija. Días antes, una moto Honda CBR-600 le había seguido desde que salió del trabajo. Cuando tomó el desvío hacia Ciempozuelos, la motocicleta le adelantó. Sus ocupantes le esperaron en un lateral y, cuando pasó a su altura, uno de ellos hizo amago de sacar un arma. La víctima aceleró y evitó el ataque.

Un vecino del municipio madrileño de Titulcia describió a los dos varones, cuando pararon en un bar: uno, con aspecto colombiano, de unos 32 años, complexión fuerte, pelo corto y pantalones verdes. El otro, aspecto español, complexión normal, pelo corto castaño. Ambos, de 1,75 metros de estatura. Uno de ellos llevaba un pinganillo en la oreja y una pistola en la parte derecha de la cintura.

Al día siguiente, se produjo otro ataque. Un vehículo, que también le estaba siguiendo, embistió el coche de Salgado y lo sacó de la carretera. El turismo quedó destrozado.

La Guardia Civil recibió una visita cuando menos inquietante en el transcurso de las investigaciones. Eloy Sánchez Barba, amigo íntimo y cliente de la ex esposa del fallecido, declaró a petición propia ante los investigadores de Homicidios. Aseguró que conocía a Lola (María Dolores Martín) desde hacía dos años y medio y que la letrada se dedicaba a temas laborales. "No creo que tenga muchos contactos para encontrar un sicario", mantuvo Sánchez Barba. Para despistar al sargento de Homicidios, afirmó que el fallecido estaba metido en juegos de rol y que ésta fue la causa de su muerte. También dijo que había tenido problemas laborales con una compañera de DMI.

Lo que no sabía Eloy Sánchez, conocido por dar seguridad a famosos (entre ellos la polifacética Ana Obregón) y en locales de ocio nocturno, es que acababa de poner sobre sí mismo las principales sospechas de la Guardia Civil. Según los especialistas de Homicidios, aceptaba organizar palizas y escarmientos a personas enemistadas con sus protegidos. Solía tener gran relación con personas de origen suramericano.

A la Guardia Civil le bastó una consulta a las bases de datos de empresas. La abogada Dolores Martín es apoderada de una empresa que se llama Cesigur, de la que es administrador Óscar Sánchez Barba, hermano de Eloy. Cesigur es una empresa de seguridad, custodia y protección, con sede en la calle de la Raya, de Madrid.

Una testigo dio una descripción de una persona que esperaba en la calle cuando se produjo el homicidio: fuerte, alto y con gafas. Se trataba supuestamente de Sánchez. Junto a él estaba Gabriel Saavedra, otro de los detenidos por el asesinato. Los investigadores pidieron el pinchazo de los teléfonos de Eloy Sánchez y de la abogada, además de las señales de los repetidores de telefonía de Ciempozuelos. Todo coincidía.

La abogada, los intermediarios y el presunto autor de los disparos fueron detenidos el pasado 20 de mayo. "Parece el guión de una película, pero muchas veces la realidad supera la ficción", resumen fuentes del caso.

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Otro enlace de la misma noticia:

http://www.diariodesevilla.es/article/sociedad/136638/detenida/por/encargar/la/muerte/su/ex/marido/tras/perder/la/custodia/su/hija.html

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OPINION (amnistia infantil):
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En estos momentos de agitación político-mediática-judicial sobre el fenómeno de la mal llamada violencia de genero y la unidireccionalidad que nos quieren vender, para poder sostener el entramado de estructuras paralelas que han hecho de este fenómeno una auténtica industria, resulta evidenciador y hasta miserable, el distinto rasero con que algunos medios tratan las noticias inversas.

Esta fue la forma de dar la noticia por el Diario El País, cuando Miguel Angel Salgado Pimentel fue asesinado el pasado año.

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http://www.elpais.com/articulo/madrid/vecino/Ciempozuelos/fue/asesinado/profesional/elpepuespmad/20070316elpmad_6/Tes

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Con la lectura de los testimonios, no parecería dificil que el periodista señalara como posible razón del asesinato la violencia de género -femenino-. Por contra, en los dos últimos párrafos del citado artículo , en el que introduce otro terrible asesinato, se puede observar con que poca información si se relaciona éste, con la violencia de género -machista-. (pero claro, la víctima era mujer)

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Parece que el tiempo ha puesto en evidencia, una vez más, la doble vara de medir de algunos medios incluso a pesar de haberse practicado las detenciones e imputados hechos a los detenidos. Pero que podemos esperar, si hasta el Tribunal Constitucional, en una Sentencia sin precedentes en la Europa democrática, avala la discriminación por razón de sexo que el artículo 14 de la CE impedía.
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http://www.tribunalconstitucional.es/sentencias/ultimasentencias.html

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Los personas que creemos firmemente en la igualdad y que la hemos reclamado insistentemente a lo largo de nuestra vida, debemos enfrentarnos al atropello a este derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna iniciando acciones ante el Tribunal Europeo, contra esta deriva del poder político que ha vuelto a comprometer la credibilidad del Alto Tribunal politizando la decisión.
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En esta coyuntura nos viene a la memoria aquel versionado texto:
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Un día vinieron y se llevaron a mi vecino que era judío
Como yo no soy judío, no me molestó
El día siguiente vinieron y se llevaron a mi otro vecino que era comunista
Como yo no soy comunista, no me molestó
Al tercer día, vinieron y se llevaron a mi vecino que era católico
Como yo no soy católico, no me molestó
Al cuarto día vinieron y me llevaron
Ya no quedaba nadie para protestar...

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Martín Niemöller, 1933
(Símbolo de la resistencia contra los nazis, luego atribuido a Bertold Brecht)

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Si no quieres que esto vuelva a suceder, pon acción: juridico@amnistia-infantil.org


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Aunque nos debería alegrar que se haya encontrado a los presuntos culpables y a la supuesta inspiradora del crimen, nunca se podrá hacer justicia, en el sentido reparador de la misma, con la hija de Miguel Angel, a quién le arrancaron la compañía y cuidados de su padre de la manera más cobarde y vil posible.

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¿Cuántas más sorpresas nos deparará esta investigación?....

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A la memoria de Miguel Ángel, un padre asesinado por

SER y EJERCER como PADRE.

domingo, 1 de junio de 2008

El desamparo y la desesperación del padre

El desamparo y la desesperación del padre


http://www.noticiaslocales.org/puerto/primeralinea.pdf


Hombres, como Ramón Herrera, denuncian su complicada situación. Por Luis Fernández

Noticias Locales "El Puerto" / 31.05.2008

Custodia compartida Los padres luchan diariamente por la custodia compartida de los hijos ante una legislación que no les protege. En casos de separación y divorcio la ley otorga, por norma, la custodia de los menores a la madre.

De todos son conocidas las consecuencias negativas que para los hijos tienen los procesos de separación y divorcio en un país como España, en el que, por norma, la guardia y custodia exclusiva de los menores recae en las madres. Una generalización que, evidentemente, perjudica a los niños, sobre todo, teniendo en cuenta que cada familia es un mundo y, por tanto, la legislación no debería aplicarse cual plantilla estándar en todos los casos. Pero la apabullante lentitud de la justicia no permite personalizar la ley y de ahí surge el estereotipo del hombre como individuo sin interés alguno por el bienestar de sus hijos, dejando todo el peso de la crianza sobre las madres por ese derecho, al parecer, natural e intransferible que se le presupone a la persona que engendra. Aunque la realidad es bien distinta, porque buena parte de los hombres se salen de ese típico tópico antes definido manteniendo una lucha diaria por la custodia compartida de los hijos, al tiempo que se enfrentan a un desamparo legal y, además, a su propia desesperación.

La madre no cumple

Más de tres años lleva Ramón Herrera García al frente de su particular odisea desde que decidió poner fin a su anterior relación, la misma que le dio una hija de, ahora, 13 años y a la que no ve desde el pasado mes de enero. Y es que, según cuenta no se está cumpliendo el régimen de estancia y comunicación con el menor (mal llamado régimen de visitas). Por eso en octubre del pasado año acudió a la justicia con el fin de que la ley obligase a su ex pareja a efectuar el acuerdo. Tras conseguir una ejecución forzosa por el periodo de tres meses, Herrera asegura no haber faltado a ninguna de las citas programadas por el juez (martes y jueves y fines de semana alternos) en un virtual punto de encuentro fijado en el Centro Comercial El Paseo, ante la ausencia de una infraestructura propia en el municipio portuense.

De hecho, Ramón dispuso de una autorización del jefe de su empresa para poder salir una hora antes del trabajo y llegar a tiempo a la hora establecida. Los tres meses, y los siguientes hasta la fecha, trascurrieron mientras que Herrera comprobaba como, tampoco, se cumplía la orden del juez a rajatabla. Denuncia tras denuncia, pocas pruebas le sirven a este padre para demostrar que asistió, y asiste, a cada encuentro con puntualidad británica, teniendo en contra la palabra de la madre que asevera que son ella y su hija las que sí están en todas las ocasiones pero Ramón no. No obstante, ocurrió todo lo contrario el pasado martes 27 de mayo cuando Ramón acudió a las siete de la tarde al sitio designado y pudo comprobar, ante la presencia de un testigo y de este medio de comunicación, como, una vez más, su hija no aparecía.

Casi dos horas de repetitiva espera que aumentan la desesperación y el desamparo de un padre que sigue luchando, simplemente, por poder disfrutar de su hija. Ni una llamada recibió Ramón para escuchar una de las tantas excusas que la madre que no cumple la ley ya le ha puesto en varias ocasiones.

"APIF" El lema principal de esta asociación es "el mejor padre son los dos padres"

SAP, un mal que afecta a los menores que sufren una separación conflictiva

Los afectados reclaman más medios para el juez, un equipo psicosocial y puntos de encuentro para el municipio.

Casos como el de Ramón Herrera García hay muchos en todo el territorio nacional, pero concretamente en El Puerto de Santa María, tal y como denuncia este padre, miembro de la Asociación para la Protección Integral de la Familia (APIF), existe "un maltrato institucional por parte de la Junta de Andalucía que deja sin medios al juez, sin un equipo psicosicial, sin puntos de encuentro y con saturación de expedientes".


En este sentido, para Herrera resulta "demencial que en tres años la Consejería de Justicia y Administración
no haya sido capaz de poner a disposición de las familias en conflicto un equipo técnico psicosocial".

Y es que la justicia es lenta en el municipio portuense, como en el resto del país, y en los, aproximadamente, dos años que supone una apelación los menores llegan a sufrir el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), como, según apunta, es el caso de la niña de Ramón, porque "los hijos no esperan".

No obstante, Ramón García continúa "confiando en la acción de la justicia para que proteja a mi hija de las secuelas que le está produciendo todo este proceso".

SAP

El Síndrome de Alienación Parental supone el desprecio del hijo hacia uno de los progenitores, generalmente el padre, concluyendo en un maltrato psicológico

Los niños con padres con separación traumática, debido a la lucha por la custodia compartida, suelen aprehender el Síndrome de Alienación Parental. Un mal gradual por el que, al estar privados del cariño de uno de sus progenitores (generalmente el padre), comienzan a proyectar un desprecio desmedido por los mismos, inculcado, normalmente, por la madre.

Entra en juego aquí un posible maltrato psicológico para con los hijos que termina por desestabilizar la vida del menor. Además, ese mismo y supuesto maltrato acaba por perjudicar a la parte afectada como consecuencia del SAP que padece el menor y, en este y en la mayoría de los casos, el padre se siente, también, maltratado psicológicamente. Una situación que se agrava cuando, como en el caso de Ramón, se solicita ayuda a las administraciones públicas y se le es rechazada por argumentos discriminatorios.

En definitiva, estas situaciones otorgan un total descrédito a la justicia que no fomenta esa igualdad por la que tanto se lucha en estos tiempos y que no es capaz de permitir el derecho de un padre a serlo.



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Asociación por la Protección Integral de la Familia - Cádiz "APIF-CADIZ"
Nº Registro de Asociaciones Andaluzas 11/1/8188
E-mail contacto: apif-cadiz@hotmail.com
Web: http://apif-cadiz.iespana.es