Por desgracia

TOLERANCIA CERO CON LA VIOLENCIA, TODAS LAS VIOLENCIAS DE GENERO. Desde que entró en vigor la LIVG (Ley Integral Violencia de Género), muchas mujeres han sido salvadas de sus maltratadores, a muchas mujeres se les ha ayudado y protegido. Pero en ciertas ocasiones esta Ley también ha sido usada de modo injusto, a modo de arma contra hombres inocentes. Es comprensible que los gobiernos niegen la existencia de las denuncias falsas, pero el clamor de cientos de hombres que han sufrido el abuso y la tortura provocados por este mal uso, no es ninguna insignificancia que se pueda pasar por alto. Desde enero de 2007 este blog intenta servir como fuente de información que en muchas ocasiones no es fácil recopilar. El aporte de cientos de colaboradores que encuentran las noticias o que cuentan su propio caso, hacen posible este trabajo. La historia sigue y CONTINUAN apareciendo DENUNCIAS FALSAS, la parte positiva es que las mentirosas comienzan a ser castigadas con cierto rigor.

viernes, 4 de diciembre de 2009

Otra mentirosa más: La Audiencia confirma la condena a una mujer por denunciar falsos malos tratos

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS !!!!!!!

La primera resolución fue del Juzgado Penal número Uno .
Deberá pagar una multa de 1.800 euros y una indemnización de 5.000 a su ex marido.
En desacuerdo. La imputada estudia recurrir al Constitucional

La Audiencia Provincial de Salamanca ha confirmado la sentencia condenatoria contra una mujer como autora de un delito de denuncia falsa de malos tratos. La imputada ya fue condenada por el titular del Juzgado Penal número Uno, en el mes de abril, a pagar una multa de 1.800 euros y una indemnización de 5.000 a su ex marido por el mismo asunto.
Ahora, el Alto Tribunal ha confirmado el fallo entendiendo que “no hay prueba alguna de que sucediera una agresión, más que la mera declaración de la que alega el incidente”. Para ello, el fundamento de la sentencia establece que “en la existencia de agresiones, éstas suelen ser probadas, de no haber testigos, con la declaración de la agredida, del supuesto agresor y con la existencia de documentos médicos en los que consten de manera objetiva las lesiones”.
Fuentes cercanas a la propia imputada aseguraron ayer que “se está estudiando el planteamiento de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, porque una cosa es que no se pueda demostrar y otra, que no sucediera”.
La imputada, M.T.R.H., de 43 años, según las mismas fuentes, está absolutamente contrariada con el hecho de que se le incitara a denunciar, cuando ello no lo hizo en su día y que ahora resulte condenada”.
Los hechos se remontan a septiembre de 2001 cuando, según la versión de la acusada, su marido la zarandeó en un forcejeo, pero no lo denunció ni siquiera acudió al medico. Tres años más tarde, durante un proceso de divorcio, M.T.R.H., acudió a los servicios sociales de Salamanca y manifestó en, al menos, tres entrevistas la existencia de los malos tratos y que ellos guardaban relación con unas lesiones en la espalda.
La asistente social, al tratarse de un posible caso de violencia de género alertó al EMUME de la Guardia Civil, que abrió una investigación.
A pesar de no existir denuncia como tal, el atestado siguió su curso y el Instituto Armado hizo llegar las diligencias al Juzgado que en su día estaba de guardia.
La acusada, aunque no denunció, se presentó con un letrado y fue examinada en la clínica forense. Los peritos determinaron en su informe que la mujer “decía presentar lesiones en la columna a causa de los varios golpes de su esposo”, pero que esas lesiones “procedían realmente de un accidente de trafico sufrido en 1995, antes de conocer a su marido”.
Se celebró un primer juicio en la Sala de lo Penal número Uno y M.R.T.H., fue condenada a la citada pena del pago de una multa y una indemnización a su marido por falsa denuncia. Ahora, la Audiencia Provincial confirma el fallo del Juzgado Penal a la espera de el posible recurso de la defensa.
El abogado del afectado, Fernando Javier López, letrado de la Asociación de Padres de Familia Separados de Salamanca (APFS), solicitaba en su día una condena de dos años de cárcel.
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