Por desgracia

TOLERANCIA CERO CON LA VIOLENCIA, TODAS LAS VIOLENCIAS DE GENERO. Desde que entró en vigor la LIVG (Ley Integral Violencia de Género), muchas mujeres han sido salvadas de sus maltratadores, a muchas mujeres se les ha ayudado y protegido. Pero en ciertas ocasiones esta Ley también ha sido usada de modo injusto, a modo de arma contra hombres inocentes. Es comprensible que los gobiernos niegen la existencia de las denuncias falsas, pero el clamor de cientos de hombres que han sufrido el abuso y la tortura provocados por este mal uso, no es ninguna insignificancia que se pueda pasar por alto. Desde enero de 2007 este blog intenta servir como fuente de información que en muchas ocasiones no es fácil recopilar. El aporte de cientos de colaboradores que encuentran las noticias o que cuentan su propio caso, hacen posible este trabajo. La historia sigue y CONTINUAN apareciendo DENUNCIAS FALSAS, la parte positiva es que las mentirosas comienzan a ser castigadas con cierto rigor.

viernes, 25 de diciembre de 2015

Las mujeres asesinan más en el ámbito doméstico.



Las mujeres asesinan más en el ámbito doméstico.


Así se deduce de los propios datos oficiales y contrastables de la propia Administración, pese a que los viene silenciando y manipulando desde 2004.

La pasada semana asistimos a la mayor escenificación de la maquinaria dogmática del lobby de género, al que prácticamente todos los partidos políticos rinden pleitesía, ante una pequeña propuesta electoral de Ciudadanos que tan sólo quiere devolvernos algunos derechos fundamentales.

UPyD, Vox y algunos partidos menores, son incluso más claros en sus propuestas sobre verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Si bien, partiremos de la propuesta de Ciudadanos que tanto revuelo ha causado y que, quizás, permita que algún medio de comunicación deje que se publiquen al fin las cifras reales y los motivos económicos que dan respuesta a una cuestión que confronta de nuevo a la corrupción y al uso de las víctimas, con la simple moralidad y legalidad más elemental.

Según se dice en el programa de Ciudadanos “acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo” no es otra cosa que restablecer de nuevo los dos pilares de la Justicia: la presunción de inocencia y la libertad de expresión. España lleva once años, ­desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LIVG), invirtiendo la carga de la prueba estableciendo que es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia. Promoviendo que se sigan dando condenas por discusiones de pareja, fuera de tono si se quiere. Sean ciertas o falsas, dichas discusiones han motivado de facto un 79,89%1 de las denuncias por violencia de género en los últimos ocho años, en las que no mediaba un solo parte de lesiones o prueba distinta a la del varón probando su inocencia. Por mucho que la propaganda institucional nos hable del famoso “0,001% de denuncias falsas”, la realidad estadística que arrojan las cifras del propio Consejo General del Poder Judicial, son las del citado 79,89% de denuncias que terminan sin siquiera vista judicial por no haber hechos que la motiven o con sentencias absolutorias. El miserable 0,001% que repiten más de mil veces al año, cuales Lenin o Goebbels, responde a una estadística que se hace exclusivamente sobre sentencias de segunda instancia, la mayoría por sentencias de conformidad tras un asesoramiento “erróneo” del abogado del turno de guardia. Por de pronto, podemos hablar, sin pudor alguno, de un 79,89% de denuncias falsas y/o instrumentales.

Si los defensores de la ley le vienen con lo de la dificultad de probarse algo en el ámbito doméstico, cuando hay más móviles que ciudadanos y no hay móvil que no lleve incorporado una grabadora, ya tiene con esto la respuesta. No hay ámbito ni parcela legal donde sea más fácil probar unos insultos, agravios o agresiones. Pero, es más, tampoco hay que probar nada; sólo es el varón quien ha de probar su inocencia frente a cualquier acusación. La LIVG establece que la mujer nunca miente y que es desvalida e inútil a dichos efectos probatorios. Aseveración estrictamente ceñida al tratamiento que se le da a la mujer en dicha ley que la considera mucho más vulnerable que cualquier menor. Menores a los que apenas ampara un simple artículo del Código Penal, el 153. Quizás no deberían hablarnos de igualdad quienes insultan así a las mujeres con semejante ley y sí deberían contarnos que es lo que hay detrás de la misma.

Tan solo de la Unión Europea se perciben aproximadamente cada año para la lucha contra la violencia “de género” 34.000.000.000€2 (5.657.124.000.000 Ptas.). Si bien estamos ante un negocio que mueve bastante más que eso, pues de ello viven y/o se lucran miles de personas. Asociaciones, abogados, psicólogos, educadores sociales, observatorios, comisiones, ministerio, concejalías, consejerías, etc. Todo el aparato represor que cualquier ley de derecho penal de autor requiere en cuanto a medios de propaganda, censura de medios, desinformación, ocultación institucional y sistemática de hechos, etc. Si bien los principales perceptores de fondos son los partidos políticos, en función de su representación parlamentaria, lo cual responde al por qué algunos partidos se suman a la causa y otros prefieren pedir créditos para financiarse.

Fue también el propio CGPJ3 el que dictaminó que la LIVG era inconstitucional por introducir el derecho penal de autor, cuyo precedente histórico en el planeta se remonta al stalinismo. Condenar en mayor medida por el mismo delito por ser negro el autor, se llama racismo. Condenar en mayor medida por el mismo delito por ser judío el autor, se llama nazismo. Condenar en mayor medida por el mismo delito por ser hombre el autor, se llama igualdad.

La discriminación por razón de raza, sexo o religión está legalmente impedida en nuestra Constitución y en la de los países democráticos. Incluso en países como  Corea del Norte, Cuba o Irán, tampoco el derecho penal de autor está permitido.

Así pues, dichos pilares de la Justicia se enfrentan cada día con nuestra Carta Magna (arts. 14, 24, 17, 18, 20, etc.), en las más de 3504 detenciones ilegales que se practican a diario, bajo protocolos de corte también nazi, que cuenta con una palanca muy efectiva en un Ministerio Fiscal cuyas directrices marca el Gobierno de turno. Se detiene sin pruebas o partes de lesiones en no menos del 79,89% de los casos, ignorándose el habeas corpus, para procederse después a los “juicios” de presunción de culpabilidad ya garantizada. La LIVG habla de “víctima” y “maltratador” antes de la prueba por la simple condición de ser varón. La tutela judicial viene también impedida de antemano por dicha ley y la aberración jurídica que representa para los jueces. Éstos han de dar prevalencia a una ley puramente electoralista que vulnera derechos fundamentales de las personas. En este punto cabe también recordar qué “jueces” designados por partidos políticos aprobaron en el Tribunal Constitucional la LIVG, con un solo voto de diferencia y en contra de los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Así, por ejemplo, se expresaron el CGPJ en su Informe al Anteproyecto de Ley3 y más de 150 jueces que tuvieron la valentía de alzar la voz al presentar cuestiones de inconstitucionalidad. Decimos valentía, porque el poder de este lobby es enorme. Más de la mitad de los jueces silenciados, apartados o incluso inhabilitados en los últimos once años tras la entrada en vigor de la LIVG, lo han sido por dar su opinión sobre la ley. En la actualidad hay tres Juzgados de Familia que están siendo investigados por ninguna razón distinta a la de haber estado dando custodias compartidas en los divorcios contenciosos.

Una mujer no necesita la sobreprotección de ningún Estado que la defina como desvalida ni necesita hacer uso de una ley que sabe que es abusiva e idéntica a las que impulsaron el nazismo, el stalinismo y a los regímenes esclavistas de los siglos XVII al XIX. Creando ciudadanos de primera y segunda categoría. Nada de esta ley y de las políticas de género tienen que ver con la lucha por la igualdad. La igualdad no puede nacer de una supremacía del hembrismo sobre el machismo.

La natalidad seguirá bajando. Los divorcios, –ya por encima del 50%–, siguen disparados, y la guerra de facto que se da hoy entre mujeres y hombres alcanzará cotas insoportables para ambos sexos. 

En lo referente a asesinatos de hombres, este año han sido treinta, como mínimo, los varones asesinados por sus ex parejas o parejas. Dato que ya sólo es cotejable mediante la recopilación de noticias de medios locales y regionales que no están al dictado del Régimen5. En 2005, el Gobierno aún no había empezado a ocultar estas cifras, fueron 566 varones asesinados por sus parejas. Es decir, una cifra mayor a la que se ha dado anualmente con mujeres asesinadas en estos últimos cuatro años (52, 54, 54 y 51 provisionalmente en 2015).

En los asesinatos de niños por parte de sus progenitores (el 2011 fue el último año antes de ocultarse también estos datos) la madre fue la perpetradora en el 64,8% de los casos6, siendo este porcentaje ya superior al 69%, de mantenerse la misma progresión que venía dándose desde 20007. En realidad son bastantes más los niños asesinados anualmente de lo que se dice. A poco que se contabilizasen las negligencias graves a las que se ha venido llamando “accidentes”. Por supuesto, todo esto también se oculta, salvo que se tire después por la ventana la madre y entonces se hable de “suicidio múltiple”, como con el bebé de diez meses, que, según varios medios del Régimen, “se suicidó” la pasada semana en Gerona.

Por último, están las varias centenas de varones que anualmente se quitan la vida, tras la privación previa de libertad, paternidad, vivienda, trabajo, patrimonio, entorno social afable y dignidad. Esto es, de todo lo que representa vivir. Conduciéndoles a la indigencia económica y emocional durante los años que resistieron a la peor de todas las muertes posibles, tanto por el nivel de agonía como por su potencial duración en el tiempo. Si bien, del estado civil de quienes se suicidan (eufemismo de muerte inducida en dichos casos), dejó también de informar el INE con la entrada en vigor de la LIVG anulando la variable “estado civil” en sus tablas8. Dichas centenas de muertes son las que contabilizan las más de 500 asociaciones de padres divorciados y de víctimas de la LIVG.

Este holocausto silenciado es una realidad por mucho que pretendan ocultarla. Los asesinatos perpetrados por mujeres no son “pocos” ni “anecdóticos”, aunque se silencien institucionalmente. Son vidas que no tienen menor valor, por mucho que una ley y un Régimen de dudosa legalidad nos lo oculten por execrables intereses electoralistas y económicos. Es más, con rescatarse dichos simples datos, se haría visible de inmediato que es el sexo femenino quien está perpetrando más asesinatos. Mayormente muertes indirectas si se quiere, habiendo además datos oficiales aún no ocultados sobre el mayor número de maltrato en parejas de lesbianas9 respecto a las de heterosexuales. Tampoco es discutible el hecho de que si hay ciudadanas que pueden perpetrar violencia impunemente, respecto de los ciudadanos, seguirá en aumento entre quienes pueden hacerlo sin castigo alguno, al estar esta impunidad elevada al grado de legalidad y amparada por todo el sistema judicial, policial, propaganda institucional, medios de adoctrinamiento e idiotización masiva, etc.

Las víctimas difícilmente bajarán de 40-65 anuales para cada sexo, pues es la cuota normal de enfermos mentales o personas malvadas, cuando no ambas cosas, que asesinarán a su pareja o ex pareja. Más aún si tenemos en cuenta que España ha estado siempre entre los cuatro países menos violentos del mundo en el ámbito doméstico (todos los países del norte de Europa están en un 150-330% más de número de víctimas). A partir de ahí, cabría plantearse si la idea de Podemos realmente no era tan mala, pues con los más de cincuenta mil millones anuales que se mueven en este negocio, darían para una renta básica de 500€/mes para los ocho millones de hogares con menores ingresos. ¿O es que prefieren seguir manteniendo la industria del maltrato como principal fuente de financiación de sus partidos?


Asociación PROJUSTICIA
Telf.: 620100000




1.- CGPJ. Informes anuales desde 2007.

2.- Informe del European Institute for Gender Equality 2012 “Report.- Estimating the costs of gender-based violence in the European Union”. Página 142.

3.- Informe del CGPJ al Anteproyecto de la LIVG, de 24 de junio de 2004.
Informe Consejo de Estado.
Informe de Asociación de Fiscales.
Xiol y Maza critican la ley de violencia de género.

4.- CGPJ. Informes anuales.
145.000 denuncias-detenciones anuales de media por denuncias de maltrato.

5.- Querella por falsedad documental contra los expertos del Observatorio de violencia de género por ocultar asesinatos de hombres a manos de sus parejas.

6.- Ministerio del Interior, Anuario Nacional Estadístico.

7.- UNICEF.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Informe del Observatorio de la Infancia del Centro Reina Sofía “Maltrato Infantil en la Familia en España”.
Mujeres maltratadoras.

8.- Manipulación de datos de suicidio  en el Instituto Nacional de estadística.

9.- Violencia entre lesbianas.


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